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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regulariza a migrantes, argumentando que perjudica a los servicios públicos y la seguridad.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regulariza a migrantes, argumentando que perjudica a los servicios públicos y la seguridad.

La administración regional sostiene que el decreto infringe normas de la Unión Europea, permitiendo la regularización de inmigrantes con antecedentes penales, lo que podría generar un colapso en los servicios públicos para más de 90.000 personas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regulariza a migrantes, argumentando que perjudica a los servicios públicos y la seguridad.

La administración regional sostiene que el decreto infringe normas de la Unión Europea, permitiendo la regularización de inmigrantes con antecedentes penales, lo que podría generar un colapso en los servicios públicos para más de 90.000 personas.

Por su parte, el Gobierno central intenta manejar la situación, enfrentándose a críticas por la falta de preparación y recursos para atender la alta demanda en las oficinas de extranjería, con trabajadores sociales y sindicatos denunciando fallos y la necesidad de más personal.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regulariza a migrantes, argumentando que perjudica a los servicios públicos y la seguridad.

La administración regional sostiene que el decreto infringe normas de la Unión Europea, permitiendo la regularización de inmigrantes con antecedentes penales, lo que podría generar un colapso en los servicios públicos para más de 90.000 personas.

Por su parte, el Gobierno central intenta manejar la situación, enfrentándose a críticas por la falta de preparación y recursos para atender la alta demanda en las oficinas de extranjería, con trabajadores sociales y sindicatos denunciando fallos y la necesidad de más personal.

El delegado del Gobierno en Madrid ha calificado las acciones del Partido Popular como una táctica partidista que desatiende a los más necesitados, mientras el Gobierno sigue implementando guías técnicas para abordar la situación.